13.05.2021 09:44

(Madrid, 13 de mayo de 2021).– La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Fundación CERMI Mujeres (FCM) defendió la importancia de recuperar el empleo perdido de las mujeres por la crisis de la COVID-19 con políticas enfocadas al género y la discapacidad desde un enfoque interseccional que preste particular atención a los grupos más desfavorecidos, como las mujeres con discapacidad y las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad.

Así lo manifestaron durante la undécima sesión del Aula de Derechos Humanos de Fundación CERMI Mujeres, que ha tenido como objetivo acercar el derecho al trabajo y al empleo de las mujeres a aquellas que tienen discapacidad y a las que son madres y cuidadoras de familiares con discapacidad desde una perspectiva interseccional de discapacidad y derechos humanos de las mujeres.

De esta manera, la Especialista en Políticas de Empleo y Género del Servicio de Empleo, Mercados de Trabajo y Jóvenes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Valeria Esquivel, ofreció una lección magistral al derecho al trabajo y al empleo de las mujeres, en la que ha contextualizado la situación actual.

Según manifestó “el riesgo que corre el empleo de las mujeres frente al de los hombres es mayor, sobre todo, en momentos de crisis” debido a la estructura sectorial del empleo. Y es que, “las mujeres están sobrerepresentadas” en sectores servicios gravemente afectados como trabajos domésticos, actividades relacionadas con el turismo, la hostelería o trabajos relacionados con la salud y los cuidados.

Por otro lado, puso sobre la mesa las desigualdades en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que ha exacerbado aún más la desigualdad. “Esta crisis ha aumentado la demanda de cuidados en los hogares a una escala sin presentes y la poca evidencia que existe muestra que las mujeres que permanecen en el empleo están haciendo malabares entre el trabajo y el cuidado, reduciendo las horas de trabajo remunerado o extendiendo el total de horas de trabajo a niveles insostenibles”, afirmó.

Por último, aseguró que las crisis del pasado brindan algunas lecciones para el presente en términos de equidad de género y ha destacado que cuanto mayor sea la pérdida de empleo de las mujeres, más difícil será su recuperación. También ha incidido en que la flexibilidad y desregulación del mercado laboral conducen a la precarización del empleo de las mujeres y que “cuando las mujeres pierden su trabajo, su trabajo doméstico y de cuidados no remunerado aumenta”.

Asimismo, recalcó que las mujeres típicamente quedan “a la cola” en las políticas de recuperación y en los procesos de transformación estructural.  Por ello, abogó por establecer mecanismos para que vuelvan a entrar en el empleo lo antes posible a través de paquetes de estímulo fiscal y otras medidas dirigidas particularmente a los grupos de mujeres más afectados por la pandemia, como las mujeres con discapacidad y las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad.

 

DATOS SOBRE EL EMPLEO Y LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD

Tras la intervención de Valeria Esquivel, se celebró un panel de personas expertas, quienes ofrecieron información y orientación sobre la aplicación al derecho al trabajo y al empleo de las mujeres con discapacidad y han puesto de manifiesto la necesidad de que las mujeres con discapacidad conozcan los beneficios de acceder al certificado de discapacidad.

De esta manera, la coordinadora de Programas de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS), Laura García, ofreció los principales resultados de un estudio social y laboral sobre la situación de las mujeres con discapacidad en España, llevado a cabo por dicha organización a través de una encuesta realizada a más de 10.000 mujeres con discapacidad. Y es que, aproximadamente, 7 de cada 10 mujeres que han contestado la encuesta tienen discapacidad física y/u orgánica (70,8%). En menor medida señalan discapacidad de tipo sensorial (15,7%), intelectual (15,8%) o mental (17,1%).  En cuanto a la remuneración, el 41,8% tiene un salario inferior a 900 euros mientras que el 38,2% indica ganar entre 900 y 1.500 euros. El 14,9% señala una remuneración superior a 1.500 euros. Además, en las mujeres más jóvenes el salario percibido es menor: el 52,1% de las mujeres que tienen entre 16 y 25 años cobran menos de 900 euros.

Por su parte, la directora de Formación, Empleo y Transformación de Fundación ONCE, Sabina Lobato, presentó el Informe 6 del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de Fundación ONCE desde una perspectiva de género.

En este sentido, resaltó una de las cuestiones más relevantes que traslada el estudio. Y es que, la tasa de empleo de las personas con discapacidad (25,9%), dista significativamente de la de la población general, que se sitúa en el 66,9%, estableciéndose así una diferencia de 41 puntos porcentuales. Así, recordó que solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene empleo y que, en el caso de mujeres, la tasa de empleo es del 25,1% y la tasa de actividad del 33,3%.

Además, continuó explicando que “el 90,1% de los contratos son de carácter temporal y que, de los contratos que se producen para personas con discapacidad, el 38,5% son para mujeres con discapacidad mientras que para la población general aumenta hasta el 45%”. “Esto supone un gap de igualdad con respecto a la población general”, aseguró

Por otro lado, recalcó que las mujeres con discapacidad son objeto de una multidiscriminación que condiciona su acceso al empleo y sus condiciones laborales.  De hecho, manifestó que “la brecha salarial de género afecta a este segmento, como se percibe en el análisis de la brecha salarial ya que perciben un salario bruto anual medio de 17.949, 2 euros, frente a los 21.338,8 de los varones con discapacidad”.

Por último, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, centró su intervención en las reivindicaciones de la Fundación CERMI Mujeres en esta materia, que también se han trasladado al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para que sean tomadas en cuenta en la próxima Observación General sobre el derecho al trabajo y empleo, consistentes en:

• Asegurar que todas las políticas y programas de fomento de empleo y de formación profesional tomen en consideración la situación específica de las mujeres con discapacidad, así como su discriminación múltiple como consecuencia de la interacción con otros factores, como la edad, ser víctima de violencia, vivir en el medio rural, entre otros.
• Implantar medidas de acción afirmativa para incentivar su contratación (como incentivos económicos, reducción de cargas sociales, subsidios salariales, reducción de cargas fiscales, etc.).
• Asegurar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, antigüedad o beneficios sociales para las mujeres con discapacidad en todas las modalidades de contratación. Además, hay que prestar protección especial a las mujeres con discapacidad durante el embarazo en los tipos de trabajo que se haya probado que puedan resultar perjudiciales para ellas.
• Asegurar que los lugares de trabajo (incluidos los talleres ocupacionales y los centros especiales de empleo) sean entornos seguros y libres de violencia contra las mujeres con discapacidad.
• Promulgar legislación que prohíba que las personas con discapacidad y las mujeres puedan recibir un salario inferior al salario mínimo establecido y garantizar el principio de igual salario por trabajo de igual valor, prestando particular atención a las diferencias salariales que sufren particularmente las mujeres con discapacidad.
• Poner en marcha políticas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, que, en el marco de una política de cuidados concebida desde un enfoque de derechos humanos, incluidos los derechos laborales, tenga en cuenta la realidad de las mujeres con discapacidad, no solamente como receptoras de cuidado, sino también como proveedoras del mismo.
• Promover programas de formación y cualificación permanente para que las mujeres con discapacidad adquieran las competencias digitales requeridas por el mercado laboral, con particular atención a las mujeres con discapacidad con mayores niveles de inactividad laboral.
• Recopilar datos desagregados por sexo, edad y tipo de discapacidad en relación con la situación del empleo y de la participación en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad.
• Promover la participación política y sindical de las mujeres con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas.

 

Almudena Pérez Pedrayo| Responsable de Prensa del CERMI

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